El operativo de la AFIP inspeccionó bodegas, distribuidoras y establecimientos de enoturismo en varias provincias, revelando irregularidades en la cadena de comercialización del vino.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha llevado a cabo un operativo de control destinado a desmantelar posibles esquemas fraudulentos en la cadena de comercialización de la industria vitivinícola. Este operativo ha abarcado un total de 16 bodegas, 42 distribuidoras de vino y 15 establecimientos de enoturismo, distribuidos en provincias como Mendoza, San Juan, Neuquén y Salta, entre otras.
El enfoque principal de estas acciones ha sido identificar irregularidades en la cadena de comercialización, como subfacturación, omisión de ingresos o ventas, y la detección de empleados no declarados. Como resultado de estas inspecciones, se han realizado interdicciones en bodegas de Mendoza, donde se han encontrado grandes cantidades de vino en elaboración y mosto, sin una justificación adecuada de su origen o trazabilidad. El valor de la mercadería incautada asciende a más de $5.200 millones, según el valor promedio de ventas exhibido por la Bolsa de Comercio de Mendoza.
Además de las incautaciones, se han detectado infracciones a las normas de facturación en los establecimientos visitados, y se han labrado las actas correspondientes. En el control previsional de los empleados relevados, se han identificado casos de empleados no declarados o con remuneraciones registradas por debajo de los valores reales.
En relación con las bodegas boutique que ofrecen servicios de hotelería y gastronomía, se han constatado irregularidades relacionadas con la falta de emisión de comprobantes por reservas de pasajeros y comensales, lo que ha resultado en la elaboración de actas. Además, se han implementado “puntos fijos virtuales” para controlar las ventas a través del Monitoreo Electrónico de Ventas (MEVEN).
La AFIP continúa intensificando los controles sobre la cadena de comercialización en diversos sectores, con el objetivo de identificar la participación de intermediarios sin capacidad económica para realizar las operaciones en las que intervienen. Esto se hace con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en estas actividades comerciales, preservando la integridad del mercado vitivinícola argentino. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
