El gobierno levantó todos los servicios adicionales de la policía en yacimientos petroleros y mineros de  zona norte ¿Se prepara la privatización del servicio con empresas de los funcionarios?

Por Memorándum Nº 040 del 16 de julio 2024, el Director General de la Policía Provincial Zona norte, le comunicó a las comisarías de Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, Koluel Kaike y Puerto Deseado que por decisión de la Dirección de Policía Adicional, dependiente del Ministerio de Seguridad, se notifica al personal que a partir del 01 de agosto 2024 se suspende por tiempo indeterminado la asignación de policía adicional en empresas petroleras y mineras.

La asignación de efectivos policiales a la seguridad de mineras y petroleras, se encuentra establecido desde hace muchos años y ha pasado a constituir una fuente de recursos para los efectivos que, con magros salarios y a fuerza de horas adicionales, logran constituir un sueldo digno en momentos en que los salarios de la Fuerza, especialmente en los escalones medios y bajos, son paupérrimos y no acompañan ni siquiera la inflación mensual.

El gobierno, con esta medida y la excusa de no restar policía en las tareas de control y seguridad en las calles, reduce considerablemente el salario de muchos efectivos que no están conformes con esta decisión, más aún, cuando (supuestamente) ese dinero no lo pone el gobierno, sino que es abonado por cada empresa privada (petrolera o minera) que requiere de tales servicios. Dicho esto, la crítica producida desde adentro mismo de la Fuerza se centra en que esto no es una cuestión económica sino política, con perjuicio directo a quienes tienen menos recursos.

“Acá hay un problema estrictamente político y de intereses cruzados”, le señaló a OPI una alta fuente del gobierno provincial. “Por un lado es cierto que la policía no debería estar prestando servicios en un yacimiento, porque va en contra del servicio escencial que presta el policía a la sociedad. Se necesita el efectivo en la calle, controlando, custodiando y dando seguridad a la gente que les paga el sueldo; esto es lo ideal, pero la realidad del policía y su familia, desde hace décadas, es otra mucho menos romántica e ideal”.

Y prosiguió “Acá la verdad es que el policía raso y el suboficial no llegan a fin de mes. Los sueldos son malos, deben comprarse parte del equipo, sufren persecuciones, están bajo presión permanente y además, deben cumplir con las necesidades familiares, a las que no logran compensar por falta de recursos; entonces, estos adicionales vienen a compensar ciertamente esas carencias, pero hay algo que nadie dice y es que hacer esos adicionales, es un sacrificio descomunal que hace cada persona, restándole horas a su familia, al descanso, cargándose de estrés y no es casualidad que en Santa Cruz haya tantos hechos de violencia dentro de la Fuerza y hasta un índice de suicidios nunca investigados y mucho menos contenido”.

Luego se expuso una verdad que oportunamente explicamos como una estrategia del gobierno, con funcionarios que tiene intereses en la actividad privada de Vigilancia, como son el señor Pedro Prodomo y Julio Gutierrez. “Lo que percibimos es que pretenden sacar a la policía de los lugares que hoy ocupan y obligar a las mineras y petroleras a ocupar vigilancia privada y si esto es así, queda claro que hay un uso indebido del poder, para satisfacer los intereses personales de los integrantes del gobierno provincial utilizando una media verdad para justificar esta movida”.

Las mismas fuentes aseguraron “Desde que llegó el ministro, tuvo como principal objetivo sacar a la política de los adicionales que hace en todos lados, incluyendo los edificios públicos y hasta de las represas. En el caso de las represas los que se opusieron todo el tiempo, fueron los chinos y si bien la policía sigue en la obra, su presencia la redujeron a menos de la mitad”

Y más adelante concluyó “En cuanto a los entes públicos, se procedió con la excusa de ahorrar plata lo cual se vería reflejado en asignaciones para otras actividades. Con ese argumento y el mismo criterio sacaron la policía de organismos públicos, incluyendo la propia Caja de Previsión y la Caja de Servicios Sociales y con los último problema que hubo en las Cajas en el último mes, se dieron cuenta el tiempo que se pierde entre que suceden los hecho hasta el momento que llegan los efectivos, debieron reponer la seguridad policial y lo mismo pasa con otros entes como Economía, Fomicruz, etc. Por ese motivo, el gobierno está volviendo a poner a la policía en todos esos lugares de donde las sacó”.

Lo advertimos en el mes de enero/24

El 5 de enero de este año, a pocos días de asumir el gobierno Claudio Vidal, realizamos un informe donde advertimos que esto iba a ocurrir y expusimos una planilla con las horas adicionales y cantidad de personal policial que cumple tareas de vigilancia en entes públicos y privados.

Allí hacíamos eje en la estrategía política/comercial de altos funcionarios del gobierno provincial que buscan suplir la presencia policial de los lugares de vigilancia, por vigiladores privados.

Allí también, expresábamos que el MInistro de Seguridad Pedro Prodomo, estaba detrás del transporte de caudales bancarios hoy en manos de Juncadella y Proseguir en tanto que el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Julio Norberto Gutiérrez, sindicalista amigo de Claudio Vidal y Pedro Prodomos, se desempeñó como Secretario General de la Unión Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP). En el año 2019 Gutierrez, estuvo al frente de la Lista Verde Renovación Nacional, donde se consagró Secretario General en una elección que no fue reconocida por la Justicia.

Para la representación nacional de UPSAP, hoy en manos de Ángel García, cuyo cargo busca renovar el próximo 6 de agosto/24, Julio Gutierrez se presenta como candidato, autorizado por el propio Gobernador Vidal para que cumpla ambas funciones, claramente incompatibles desde lo funcional y político.

Bajo este esquema de intereses cruzados, se presume que empresas vinculadas a los funcionarios de Seguridad y Trabajo de Santa Cruz podrían entrar en estos nichos que hasta ahora se cubren con la policía provincial y éste sería el verdadero objetivo de la medida restrictiva que impone la cúpula policial, sobre los adicionales de los efectivos, que para llevarlo adelante los argumentos son: economía de recurso y refuerzo de la seguridad en las calles. (Agencia OPI Santa Cruz)