La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a Argentina entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de una decena de funcionarios y exfuncionarios, entre los que se incluyen Luis Caputo y el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Esta solicitud busca probar si estos funcionarios influyeron en el manejo de los precios de los combustibles en el marco del caso por la estatización de YPF.
La decisión proviene del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde recientemente se condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park. Estos fondos adquirieron los derechos de litigio tras la expropiación de acciones de YPF que pertenecían al grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Ante la improbabilidad de que el Estado argentino pueda cumplir con el pago, los demandantes ahora intentan involucrar nuevamente a YPF en el caso, para embargar sus activos.
El principal argumento de Burford es que YPF actúa como un “alter ego” del Estado argentino, operando bajo los intereses políticos del gobierno, en lugar de funcionar estrictamente como una Sociedad Anónima (SA) privada. En este contexto, Preska solicitó las comunicaciones de altos funcionarios del gobierno actual y de exfuncionarios, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo, el exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein, el exjefe de la Aduana Guillermo Michel, y el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren.
Esta medida forma parte de un proceso de “discovery” autorizado en febrero, el cual busca obtener información relevante desde 2020. El objetivo es demostrar que entidades públicas como el Banco Central y el Banco Nación están directamente controladas por el gobierno, al igual que YPF, lo que permitiría a los demandantes acceder a activos argentinos en el extranjero, como el oro que fue trasladado al exterior por Caputo.
Los demandantes argumentan que el gobierno argentino se ha negado a proporcionar documentos relevantes que no están almacenados en correos electrónicos oficiales, y sostienen que los funcionarios utilizan ampliamente cuentas personales y aplicaciones de mensajería para tratar asuntos oficiales. Si bien el gobierno ofreció revisar únicamente las comunicaciones externas de estos funcionarios con empleados de YPF o del Banco Central, los demandantes consideran que esta oferta es insuficiente, ya que las discusiones internas también son esenciales para establecer el control gubernamental sobre estas entidades.
Burford Capital adquirió los derechos de litigio en España después de que dos empresas del Grupo Petersen quebraran y renunciaran a demandar al Estado por la expropiación de sus acciones en YPF. (Agencia OPI Santa Cruz)