El Gobierno de Javier Milei decidió prorrogar por tres meses los contratos de alrededor de 40.000 empleados públicos no permanentes, que deberán someterse a un examen de idoneidad para determinar su continuidad laboral. Estas renovaciones, bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, se aplican a trabajadores contratados por servicios transitorios o estacionales cuyo convenio venció el 31 de diciembre de 2024.
El esquema temporal de renovaciones se mantiene desde que comenzó la nueva administración, con el objetivo de evaluar qué parte de la fuerza laboral estatal resulta imprescindible. El examen de idoneidad, que incluye pruebas de comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre administración pública, será determinante para aquellos que busquen pasar a un régimen de mayor estabilidad. Según fuentes oficiales, solo continuarán quienes aprueben este examen y cuenten con la validación de su área de trabajo como indispensable para la función pública.
Hasta el momento, alrededor de 14.000 empleados han rendido la prueba, con un 95% de aprobación. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que el número de contratos vencidos alcanza los 55.000, incluyendo monotributistas y trabajadores dependientes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia, cuyos contratos el Gobierno decidió no renovar.
ATE denunció despidos en áreas como el Ministerio de Justicia, la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 trabajadores recibieron mensajes por WhatsApp el 31 de diciembre informándoles que no debían presentarse a trabajar.
En paralelo, el Ejecutivo publicó los decretos 1148/24 y 1149/24 en el último Boletín Oficial de 2024. Estas normativas congelan la planta de personal estatal, prohíben el ingreso de nuevos empleados salvo en casos excepcionales que impliquen la baja de tres puestos por cada nueva designación, y hacen obligatorio el examen de idoneidad para quienes busquen ingresar al sector público a partir de marzo de 2025.
Además, el decreto 1149/24 extiende esta obligatoriedad a empresas con mayoría accionaria estatal, consolidando la política de ajuste y eficiencia que la administración Milei impulsa como parte de sus reformas estructurales. (Agencia OPI Santa Cruz)