(Por: Rubén Lasagno) – ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando a los gobernadores despotricar sobre las deudas históricas que tienen los municipios de la provincia con el Estado provincial, con la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social?.
Sin duda no existe de parte de cada gobernador y mucho menos de los intendentes, la menor intención de que esto se resuelva, se normalice y se encauce por los carriles de la legalidad. Cada vez que se plantea públicamente el problema, desde ambos lados salen a decir siempre lo mismo; el gobierno arremete con las deudas millonarias que cada municipio tiene con la provincia y “los intima” a cancelarla y las comunas aluden a las deudas que la provincia tiene con ellos; y allí termina todo.
Sin duda le falta al gobierno provincial la ejecutividad suficiente para que, luego de intimar a los municipios a través de todos los organismos con los cuales los intendentes mantienen deudas (CSS y CPS), se inmiscuya el propio Tribunal de Cuentas para certificar dichas deudas y darle ordenamiento al tema.
También el gobierno provincial podría dictar una ley (tiene mayoría) que obligue a las intendencias a pagar esas deudas a través de la retención, en forma automática, de las Coparticipaciones provinciales, adecuando las cuotas e intereses para impactar lo menos posible la operatividad de cada municipio y dentro de un convenio de partes que permita devengarlo de esos fondos de manera mensual.
Otra opción es la vía judicial. El Ejecutivo debería instruir a la Fiscalía de la provincia o bien que cada ente provincial lo haga individualmente (CSS y CPS) para que se inicien los juicios de recupero de los fondos retenidos, más lo intereses respectivos.
En la actualidad, la situación de deuda (histórica) de los municipios con la provincia no tiene solución por falta de decisión de las partes involucradas. Sin embargo, hay que pensar que crear una ley a estos fines del recupero del capital, podría constituir una figura legal controvertida porque de alguna manera, blanquearía la ilegalidad en la que por años incurrieron los intendentes que han cometido y siguen cometiendo delitos muy graves como son la malversación de caudales públicos y la retención indebida de fondos, toda vez que para ambas Cajas (CPS y CSS), los municipios descuentan a los empleados mensualmente la cuota de afiliación o el aporte previsional correspondiente, pero no lo deposita en los entes a los que debería ir asignados.
Esto, por supuesto, decanta en la inacción y el delito de encubrimiento por parte del actual Gobernador y de los mandatarios anteriores, quienes no activaron los sistemas legales para proceder a la recuperación del dinero interdicto por cada intendentes, excusándose para hacerlo, en supuestas “compensaciones” que solo ellos conocen y no están debidamente fundadas en la realidad práctica. También los intendentes deberían ser denunciados penalmente por los organismos de control.
Resultaría muy fácil para la justicia, hacer la comprobaciones de estos delitos, dado que mes a mes en la contabilidad municipal figuran los descuentos al personal con ese fin y no figuran los depósitos a los entes provinciales. También es compatible la comparación de los registros de ingresos de fondos en la CPS y CSS y/o en la CUT de la provincia; aquí entonces, no encontramos otro motivo para entender por qué ningún gobernador avanza en esto, que no sea el político.
Cada gobernador llega al poder con varios intendentes propios y fuertes compromisos, aún con muchos de aquellos que no son de su partido. A partir de allí el entrecruzamiento de intereses, hace que se dificulte cualquier hecho de transparencia administrativa, tanto en las intendencias con en la Gobernación y como lo que se viene haciendo desde hace muchos años “ha dado resultado”, porque no merece un escarnio de parte de la opinión pública y menos aún denuncias del sindicalismo que es absolutamente cómplice de este entramado, mientras las cuotas sindicales les sigan llegando al gremio, cada gobernador permite el “siga siga” y más allá de coloridos discursos políticos y peleas mediáticas con algún intendente, como por ejemplo Pablo Grasso, nada significativo sucede en la práctica.
Entonces, la deuda está, los municipios son deudores, la provincia a través de sus entes es acreedora de esos fondos, los organismos de control no funcionan y la justicia mira para otro lado.
No hay que forzar el cerebro para darse cuenta que no existe interés genuino ni voluntad de los actores involucrados, para que la situación se clarifique y se normalice la recaudación de las Cajas.
La cuestión política-partidaria prevalece sobre el interés de la gente que es afiliada y responde con sus bolsillos a este juego de corrupción institucional y política que la masa de trabajadores parece haber aceptado como normal y parte de su realidad cotidiana.Éste último fenómeno social que ha logrado instalar la política en Santa Cruz, es fundamental para que nunca, ni en este ni en otro gobierno provincial (como no sucedió en los anteriores) se modifique el status quo. (Agencia OPI Santa Cruz)
Vidal es una continuidad del gobierno de Alicia, no hizo ningún gran cambio en la corrupta administración pública de Santa Cruz repleta de ÑOQUIS y empleados que asisten a sus trabajos pero no hacen nada. Ya tiene el boleto picado y va a pasar a la historia como un inútil para el cargo para el que fue votado.
Coincido mucha espuma hasta que comienzan a rayar los intereses politicos y ahi se para todo. Total paga el pueblo asi estamos